domingo, 9 de marzo de 2014

LA REFORMA LOCAL DEL GOBIERNO DEL PP, UN HACHAZO A LA DEMOCRACIA

En el último día de plazo, el  Pleno del ayuntamiento de Atarfe se ha sumado al recurso  que más de 3500 ayuntamientos de España van a interponer ante el Tribunal Constitucional,  para plantear  la inconstitucionalidad de la Reforma Local que ha aprobado el Gobierno del PP.

Los concejales de Democracia en Acción hemos apoyado la interposición del Recurso.  Pese a que, esta vez, hemos votado junto al equipo de gobierno, parece ser que, tampoco, les ha gustado lo que decimos, porque no habían pasado ni dos minutos y  ya estaba el alcalde, con su habitual talante antidemocrático y falta de educación, intentando callarnos.  Afortunadamente, tenemos otros medios para hacer llegar a la ciudadanía nuestra posición, como por ejemplo este.

Estas son las razones por las que apoyamos el Recurso de inconstitucionalidad:

En primer lugar, porque la Reforma Local del PP condiciona la manera en la que se gestionarán los servicios públicos locales. El fondo de esta ley es el reflejo de la enorme influencia y del poder que tienen las grandes empresas multinacionales (Fomento Construcciones y Contratas (FCC),  Aguas de Barcelona (Agbar), Ferrovial, Acciona, Sacyr y otras) en el gobierno del PP. Estas empresas, desde hace años, se están apropiando de la prestación de servicios públicos municipales esenciales como son el agua, la recogida y tratamiento de residuos, parques jardines, u obras de infraestructura, entre otros. La privatización de estos servicios ha sido clave para entender su deterioro y encarecimiento, además de la pérdida del control público sobre las actuaciones de estas empresas. En Atarfe el agua lo gestiona Aguasvira (filial de Agbar) y la basura  está contratada con FCC.

Municipios Andaluces con Concesiones Privadas

Si realizamos el mapa actual de la privatización de los servicios básicos (puede ser ilustrativo,  como ejemplo, el mapa de la gestión del agua en Andalucía), esas grandes empresas se han hecho cargo de las capitales y áreas metropolitanas. Hasta ahora, estas multinacionales no ofertaban sus servicios a municipios pequeños o alejados porque no era rentable. Esta ley, sin embargo, les abre un nuevo camino y un nuevo mercado. Con la asunción de los servicios por parte de las Diputaciones (solo quedan para los municipios menores de 20.000 habitantes la gestión de los cementerios), la gestión pública directa que  aún se está haciendo en muchos  municipios desaparecerá en favor de las citadas empresas, que de este modo se apropiarán de los últimos rincones de las Provincias. Prueba de ello, en Granada, lo tenemos en el último Plan de Residuos Provincial de Granada. Son muchos los expertos y estudiosos que han puesto de manifiesto que la nueva ley favorecerá un sistema de prestación de servicios más indirecto, más privado, más externalizado y en manos de las grandes empresas, que serán las únicas que podrán competir en la contratación de servicios provinciales.

La opción por la privatización es clara,  si los municipios deciden optar por la gestión directa de los servicios públicos locales, la ley exige una detallada Memoria Económica que justifique la eficiencia económica. Pero, en cambio, dispensa de este requisito, cuando la opción elegida es la gestión indirecta o privatizada.

Sin duda, al Gobierno del PP no le ha importado el reciente Informe de fiscalización de Servicios Públicos Locales del Tribunal de Cuentas, que ha demostrado una generalizada situación de sobrecoste en los casos de servicios prestados por empresas privadas en comparación con los servicios prestados por ayuntamientos de forma directa. Facilitar la ampliación del mercado a las grandes empresas concesionarias de los servicios públicos es la verdadera razón de esta ley, aunque los argumentos esgrimidos sean la supuesta eficiencia económica o eliminar incentivos para la corrupción. Nada más falso. Tanto los concursos y el modo de adjudicación de los servicios, como las cláusulas y duración de los contratos, en numerosísimos casos, permiten pensar en la falta de limpieza y transparencia de estos procesos.


Por otra parte, es más fácil corromper a unos pocos con mando en plaza que a muchos.

En segundo lugar, esta Ley va en la dirección opuesta de las verdaderas medidas que resolverían muchos de los excesos que hemos sufrido en los gobiernos locales: frente a la deseada transparencia y los deseos de más participación ciudadana y más democracia, esta ley recorta la capacidad de gestión de los representantes electos más próximos a los ciudadanos, sobre servicios esenciales de la comunidad, al traspasar nuevas competencias a las Diputaciones provinciales (al fin y al cabo,instituciones de representación indirecta) y, lo que es más grave, vulnera la democracia local al otorgar a la Junta de Gobierno Local nuevas atribuciones de enorme importancia, que antes solo podía ejercer el pleno del ayuntamiento: aprobar el presupuesto, planes económico-financieros, planes de saneamiento, adopción de mecanismos extraordinarios de financiación. De esta forma, se excluye a la oposición municipal de la intervención en las decisiones fundamentales del municipio, vulnerando los principios democráticos.

En tercer lugar.- La reforma planteada es  un programa de recentralización del Estado. Cuanto más alejado esté la gestión del servicio de los ciudadanos menos sensibilidad existe ante sus problemas. En estos momentos de ajuste presupuestario sufriremos una merma de atención a los ciudadanos en general y a los vecinos más desfavorecidos en particular. La Ley propone un horizonte de ahorro de 8000 millones de euros (4000 millones de la gestión de los llamados servicios “impropios”, por ejemplo de los Servicios Sociales). 

Por último, decir que  esta ley no habría tenido justificación, si la gestión municipal de estos últimos 20 años hubiera sido más ejemplar y no hubieran saltado a la palestra los enormes gastos faraónicos emprendidos por algunos municipios, las cacicadas y arbitrariedades de muchos gobiernos locales  y la extrema debilidad de  algunas arcas municipales, debido al enorme endeudamiento provocado por algunos equipos de gobierno. Por ejemplo, en 2012 y 2013, el Ayuntamiento de Atarfe se ha endeudado con los bancos en 19 millones de euros para hacer frente a los dos Planes de Pago a proveedores. Una cantidad desorbitada a todas luces, que nada tiene que ver con el endeudamiento de otros municipios de su entorno o de su tamaño. 

No obstante, las medidas que plantea la Reforma Local del PP,  no solo no mejorarán esos excesos sino que puede empeorarlos potenciando una casta de caciques provinciales, fuera de todo control democrático.

En el desarrollo del Pleno municipal del 7 de marzo, el alcalde impidió el debate y las intervenciones de la representación de Democracia en Acción, porque surgieron dos cuestiones que  le resultaban muy espinosas.

Por un lado, el Plan de Proveedores  impuesto  por el Gobierno del PP.

 Está claro que la solución arbitrada por el PP para poner al día las cuentas locales favorece a los Bancos que consiguen un espacio de negocios a costa de las Haciendas Locales.  Además,  al igual que esta Reforma Local, favorece a las grandes empresas que tienen asegurado el pago de sus concesiones a través de los préstamos concedidos a los ayuntamientos.  Pero, lo que el alcalde no quería que dijéramos y por eso interrumpió nuestra intervención, es que la situación del Ayuntamiento de Atarfe es mucho más grave que la de otros ayuntamientos, y es exclusivamente responsabilidad suya y del anterior equipo de gobierno, al que él tanto defiende, porque no pagaron en su día lo que debían dejando una losa insoportable a las corporaciones futuras. El ayuntamiento, en el año 2012, se ha endeudado en 15.772.066 euros y en el año 2013 en 2.837.190,47 más. Un  total de 18.609.256,57 euros. No hay ayuntamiento del tamaño de nuestro municipio que haya asumido una deuda tan enorme con el Plan del Pago a Proveedores. Pero la deuda no queda ahí, pues el ayuntamiento y la empresa Proyecto Atarfe tenían ya otras deudas contraídas con los bancos, por lo que la deuda del ayuntamiento de Atarfe, exclusivamente, en préstamos bancarios asciende a 30 millones de euros. Y lo inaudito, es que siguen gastando con alegría en actuaciones que no son necesarias. De esos préstamos la parte del león se los han llevado las grandes empresas concesionarias; así  FCC  ha recibido en el 2012-2013: 6.231.984,84 € solo por la recogida de la basura.

La otra cuestión espinosa, es la disolución de la empresa municipal Proyecto Atarfe. También intentó impedir nuestra intervención sobre el hecho de que la ley de Reforma local fija una fecha límite de disolución de la empresa en Diciembre de 2015. Los trabajadores de P. Atarfe, ven como pasan los días sin que se cumplan las promesas del alcalde de subrogar sus puestos en el ayuntamiento. ¿Le importa, acaso, al equipo de gobierno, y a sus socios de IU, salvar los puestos de trabajo de P. Atarfe, o lo que pretende es eludir sus responsabilidades de todos los desaguisados económicos  que se han realizado en esa empresa municipal?


Rosa Félix 

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