‘Pinchazos’ telefónicos revelan los favores de los alcaldes de Atarfe

Sobre una licencia de aguas: «Se arregla con 4.000, 5.000 o 6.000 euros de vez en cuando»
JOSÉ A. CANO / Granada Periodico el Mundo, 7 de Septiembre de 2013

Dieron licencias a 
una urbanización 
que no cumplía las 
condiciones mínimas 

En conversaciones 
con promotores, los 
regidores admitían 
las irregularidades

Los dos últimos alcaldes de Atarfe, los socialistas Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso, concedieron las licencias de la urbanización de lujo ilegal Medina Elvira a sabiendas de su ilegalidad, permitiendo la primera ocupación a pesar de que conocían que no se reunían las condiciones mínimas, cómo la instalación de tuberías para el agua corriente y circunstancias similares. Ambos ediles lo admitieron en conversaciones con los mismos promotores a los que favorecieron y con técnicos municipales que conocían igualmente estas circunstancias.
El informe de la Guardia Civil sobre el llamado caso Medina Elvira, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, recoge la transcripción de diferentes conversaciones telefónicas mantenidas por ambos regidores entre 2010 y 2011. Las escuchas fueron autorizadas a raíz de que Tomás Ruiz admitiese irregularidades urbanísticas en una conversación con José Gonzalves Lino, uno de los promotores de Medina Elvira, cuyo teléfono ya estaba siendo intervenido por otro caso de tráfico de drogas.
En marzo de 2011, el ex alcalde Víctor Sánchez mantenía una conversación con un técnico municipal en el que este le advertía que uno de los propietarios de Medina Elvira, abogado de profesión, había hablado con otro compañero «le ha dicho, ¿tú el informe lo hiciste?», en referencia a los informes técnicos necesarios para las licencias, y luego explica que Tomás Ruiz «dio las licencias de primera ocupación, y aquello, ¡eso no está en condiciones!, no tiene las tuberías, no tiene enganches, no tiene nada de eso».

De hecho, en una conversación de enero de 2011, Tomás Ruiz conversa precisamente con Gonzalves Lino –según el informe policial «de la conversación se infiere trato cordial y continuado» y «defender los mismos intereses»–, y mientras el segundo expresa su preocupación por terminar la obra el primero
afirma «eso lo acabo yo como me llamo Tomás» y advierte que los cortes de agua «pueden hacer mucho daño».
Algo que remata tranquilizando al promotor al decirle que «no nos hace bien a ninguno que en la prensa salga otra vez» pero «eso se evita con cuatro, cinco o seis mil euros de vez en cuando» para «taparle la boca» a Aguasvira, el consorcio metropolitano de aguas –que preside el alcalde de Maracena, el también socialista Noel López–, «taparle la boca a la de la seguridad y cuatro tonterías de esas».
Sánchez, alcalde de Atarfe desde mediados de los 90, dimitió tras ser condenado en otro juicio en diciembre de 2009 y Ruiz, que era edil de Cultura y lo sustituyó, fue reelegido en 2011 con el apoyo de dos de los cuatro ediles de IU pese a perder la mayoría absoluta.
Los otros dos concejales de la coalición de izquierdas fueron expulsados de estas por negarse a apoyar el pacto de gobierno mientras no se hiciesen públicas las cuentas de Proyecto Atarfe, la empresa pública de suelo implicada en las más de una docena de investigaciones judiciales abiertas sobre el urbanismo en el municipio de apenas 16.000 habitantes.
El pasado enero, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, abrió procedimiento abreviado, como paso previo al juicio, con los dos alcaldes y cinco personas más, acusados de los presuntos delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, estafa y defraudación fluidos eléctricos.
En su escrito, Moreno considera  que, primero Sánchez y luego Ruiz, «aprovechándose» de sus cargos municipales, concedieron «irregularmente» licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial, «favoreciendo y permitiendo a dichas sociedades» la venta de inmuebles urbanizables de Medina Elvira, «a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos para su ocupación y habitabilidad» entre los años 2008 y 2010.
La urbanización está pendiente también de otro proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 4, en el que se investiga el aumento «artificial» de la edificabilidad supuestamente para beneficiar al empresario Maximiliano Balboa entre 2004 y 2005. De 3.500 viviendas que proyectaron únicamente se empezaron 990, se terminaron 430 y se vendieron 49.