JOSÉ A. CANO / Granada Las cuentas del arquitecto municipal de Atarfe desvelan cómo multitud de empresas de la construcción relacionadas con los casos de corrupción urbanística de la localidad granadina hicieron pagos sin justificar a altos funcionarios del Ayuntamiento. En concreto, la investigación patrimonial del funcionario, Luis Gustavo García –imputado en más de media docena de causas judiciales por delitos urbanísticos–, recoge hasta 17 sociedades relacionadas con casos de corrupción que hicieron ingresos mediante pagarés en cuentas a su nombre. De hecho, el análisis de las cuentas de García realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil también revela que contrató directamente o realizó trabajos como arquitecto para firmas privadas de las que era el mismo titular con otros socios o para algunas de las constructoras implicadas en los casos de corrupción, aunque era funcionario municipal desde 1999. Además, los pagarés ingresados en varias de estas cuentas no tenían justificación comprobada. Estas conclusiones se extraen de un informe patrimonial encargado por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, en concreto por el magistrado Miguel Ángel del Arco, al que ha tenido acceso ELMUNDO de Andalucía. Para la elaboración del mismo se analizaron las cuentas entre 2000 y 2009 del ex alcalde socialista de Atarfe Víctor Sánchez y el arquitecto municipal, dentro del marco de una de las más de una docena de causas por delitos urbanísticos en las que ambos están imputados. El juez ordenó analizar no sólo las cuentas de ambos encausados, también las de su entorno familiar inmediato. Las conclusiones del informe, de hecho, han provocado que la Fiscalía de Granada pida la apertura de una pieza separada en la que se investiguen en exclusiva las actividades del arquitecto municipal, por considerar que ha podido cometer delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias que el juez, mediante un auto de julio de este año que también ha podido consultar este periódico. El informe de la Guardia Civil afirma cómo, gracias a la información recabada de las al menos tres cuentas a nombre del arquitecto o compartidas con terceros, «se constataría la existencia de una relación profesional» con «determinados arquitectos y empresas muy relacionadas con la actividad urbanística del municipio de Atarfe», una relación laboral «sin poder identificar». Además, de las cuentas de García y de su mujer, de la que está separado, reparan en una «alta capacidad de endeudamiento» durante 2006 y 2009 «en cierto punto extraña » dado que en esa etapa «es cuando más ingresos obtiene» de su actividad fuera del Ayuntamiento. Además, ambos eran socios fundadores de una de las firmas que contrata obras en los proyectos urbanísticas bajo investigación en Atarfe. De hecho, García comparte una de sus cuentas bancarias con dos de los arquitectos que presentan proyectos en casos que están en los juzgados, como bloques de pisos en la urbanización ilegal Medina Elvira, o estudios de detalle y planes parciales en operaciones poco claras y bajo investigación como las del SR-7. El ex alcalde de Atarfe Víctor Sánchez, principal imputado en al menos 15 causas por diferentes delitos urbanísticos, también aparece investigado en el informe patrimonial encargado por Miguel Ángel del Arco. Aunque sus cuentas no revelan pagos de firmas relacionadas con los casos mencionados, la Guardia Civil sí constata un «incremento patrimonial» de algo más de 38.000 euros sin justificar. Añaden, además, la propiedad de un inmueble que adquirió de unos los constructores investigados en varias causas, en concreto de la empresa Construcciones Paco Huertas SL, a través de una permuta con la anterior vivienda de la familia de Sánchez, que era propiedad de su madre.
JOSÉ A. CANO / Granada
ResponderEliminarLas cuentas del arquitecto municipal
de Atarfe desvelan cómo multitud
de empresas de la construcción
relacionadas con los casos de corrupción
urbanística de la localidad
granadina hicieron pagos sin justificar
a altos funcionarios del Ayuntamiento.
En concreto, la investigación patrimonial
del funcionario, Luis
Gustavo García –imputado en más
de media docena de causas judiciales
por delitos urbanísticos–, recoge
hasta 17 sociedades relacionadas
con casos de corrupción que
hicieron ingresos mediante pagarés
en cuentas a su nombre.
De hecho, el análisis de las cuentas
de García realizado por la Policía
Judicial de la Guardia Civil
también revela que contrató directamente
o realizó trabajos como
arquitecto para firmas privadas de
las que era el mismo titular con
otros socios o para algunas de las
constructoras implicadas en los casos
de corrupción, aunque era funcionario
municipal desde 1999.
Además, los pagarés ingresados en
varias de estas cuentas no tenían
justificación comprobada.
Estas conclusiones se extraen de
un informe patrimonial encargado
por el Juzgado de Instrucción 6 de
Granada, en concreto por el magistrado
Miguel Ángel del Arco, al
que ha tenido acceso ELMUNDO
de Andalucía.
Para la elaboración del mismo se
analizaron las cuentas entre 2000 y
2009 del ex alcalde socialista de
Atarfe Víctor Sánchez y el arquitecto
municipal, dentro del marco
de una de las más de una docena
de causas por delitos urbanísticos
en las que ambos están imputados.
El juez ordenó analizar no sólo las
cuentas de ambos encausados,
también las de su entorno familiar
inmediato.
Las conclusiones del informe, de
hecho, han provocado que la Fiscalía
de Granada pida la apertura de
una pieza separada en la que se investiguen
en exclusiva las actividades
del arquitecto municipal, por
considerar que ha podido cometer
delitos de negociaciones prohibidas
a funcionarios y tráfico de influencias
que el juez, mediante un
auto de julio de este año que también
ha podido consultar este periódico.
El informe de la Guardia Civil
afirma cómo, gracias a la información
recabada de las al menos tres
cuentas a nombre del arquitecto o
compartidas con terceros, «se
constataría la existencia de una relación
profesional» con «determinados
arquitectos y empresas muy
relacionadas con la actividad urbanística
del municipio de Atarfe»,
una relación laboral «sin poder
identificar».
Además, de las cuentas de García
y de su mujer, de la que está separado,
reparan en una «alta capacidad
de endeudamiento» durante
2006 y 2009 «en cierto punto extraña
» dado que en esa etapa «es
cuando más ingresos obtiene» de
su actividad fuera del Ayuntamiento.
Además, ambos eran socios
fundadores de una de las firmas
que contrata obras en los proyectos
urbanísticas bajo investigación
en Atarfe.
De hecho, García comparte una
de sus cuentas bancarias con dos
de los arquitectos que presentan
proyectos en casos que están en
los juzgados, como bloques de pisos
en la urbanización ilegal Medina
Elvira, o estudios de detalle y
planes parciales en operaciones
poco claras y bajo investigación como
las del SR-7.
El ex alcalde de Atarfe Víctor
Sánchez, principal imputado en al
menos 15 causas por diferentes delitos
urbanísticos, también aparece
investigado en el informe patrimonial
encargado por Miguel Ángel
del Arco. Aunque sus cuentas no
revelan pagos de firmas relacionadas
con los casos mencionados, la
Guardia Civil sí constata un «incremento
patrimonial» de algo más de
38.000 euros sin justificar.
Añaden, además, la propiedad
de un inmueble que adquirió de
unos los constructores investigados
en varias causas, en concreto
de la empresa Construcciones Paco
Huertas SL, a través de una permuta
con la anterior vivienda de la
familia de Sánchez, que era propiedad
de su madre.