Así que, se nos ha ocurrido difundir las reflexiones que hacemos sobre su situación, y nos alegraría que les puedan servir de algo.
Para el público en general, hay que aclarar que la gestión de la Ayuda a Domicilio en Atarfe la está realizando un grupo de trabajadoras que han constituido una Comunidad de Bienes; no son una cooperativa, ni una empresa de economía social. Esto no es una casualidad ni el resultado de una libre elección.
Para empezar, la Comunidad de Bienes es una
forma civil que efectúa este servicio no tiene ningún contrato formal con el ayuntamiento,
posiblemente porque esta es la forma que tiene la corporación de sortear uno de
los requerimientos que le hizo la Cámara
de Cuentas de Andalucía en la Fiscalización
del Ayuntamiento de Atarfe del año 2000. El informe decía: El Ayuntamiento contrata determinados servicios
con comunidades de bienes, no queda acreditada, la capacidad de las Comunidades
para contratar con la Administración Local, art 15 LCAP, (ya que no tienen
personalidad jurídica propia); ni su relación con el objeto del contrato, art
198.1. LCAP; ni la solvencia técnica o profesional, acreditada tal y como
establece los arts. 16 a 19 de la Ley.
Por consiguiente, ya desde el año 2000, el Ayuntamiento de Atarfe sabía
que las CB no tienen capacidad para contratar con él.
Además de este problema legal, la Comunidad de Bienes tiene una serie
de inconvenientes para las trabajadoras: son trabajadoras autónomas aunque
hacen un trabajo que se encuadra, perfectamente, en el régimen general, por lo
que pierden sus ventajas: desempleo, jubilación, etc. No tienen una relación laboral clara, ni
derecho a sindicarse, tampoco son socias de una empresa o cooperativa. Esta figura de CB obedece a un claro objetivo
del equipo de gobierno: esquivar los sistemas de contratación que rigen en la
Administración pública, para ejercer así un control riguroso sobre las
trabajadoras de ayuda a domicilio. Siendo así, ¿por qué las trabajadoras
optaron por este sistema y no por otro? Por falta de alternativas laborales, lo
que facilita que la precariedad e inseguridad del mercado sirva para someter a
las trabajadoras a la voluntad arbitraria de los que mandan y de paso
imponerles fidelidades políticas inquebrantables a cambio de trabajo. Al mismo
tiempo, era una forma eficaz de
controlar también a un colectivo tan vulnerable como es el de las
personas mayores.
En el orden del día del último pleno iba a aprobarse el pliego de
condiciones del concurso público del servicio de Ayuda a Domicilio. Se retiró
en el último momento. El equipo de Gobierno había decidido que el Servicio fuera gestionado de
forma indirecta por una empresa privada.
Aunque parece ser que ésta sigue siendo su apuesta, todavía estamos a
tiempo de hacer las cosas bien. Sería menos peligroso para mantener los puestos de trabajo actuales y la continuidad de las
trabajadoras optar, como muchos
ayuntamientos de España y Andalucía por la gestión directa del Servicio. Para ello, se pueden elegir varias
fórmulas: o contratación del personal de ayuda a domicilio como trabajadoras
laborales del ayuntamiento o constitución de una empresa de capital 100%
municipal: tipo ACIDESA, la empresa municipal que gestiona los deportes. Con la
gestión directa del servicio, las trabajadoras mejorarían sustancialmente sus
condiciones laborales, se acabaría la precariedad y podrían optar a trabajar en
el servicio, otras trabajadoras a través de la Bolsa de Trabajo. Sin duda, la gestión directa es la fórmula más eficaz,
más barata para las arcas municipales y la de mayor rentabilidad social.
Así que si finalmente optan por la gestión privada del servicio a
través de una empresa mercantil, es porque quieren seguir controlándolo a
través de una empresa interpuesta. Por
más que inventen argumentos para esconder las razones de su decisión, nadie les
pone una pistola en el pecho para que privaticen el servicio. En cambio,
lograrían unanimidad en el pleno si la propuesta fuera la gestión directa
municipal.
Hay pistas en el pliego para pensar que el concurso lo tienen
preparado:
-El precio por hora 11,56 €, según nos informan técnicos provinciales,
es inasumible por cualquier empresa. El dinero que da la Junta es de 13€/hora.
Ya tenemos experiencias en este Ayuntamiento de bajas temerarias. Fomento de
Construcciones y Contratas (basuras y limpieza) empezó asumiendo como coste del
servicio en 2004 290.000 € y ahora ya
vamos por ¡1.600.000 €!, o Cercolim, que se quedó con la limpieza por ser la
oferta más baja y al mes le subieron la aportación.
-Otra cuestión: los años y la
prorroga fijada. Ninguna empresa
de servicios de estas características en ningún ayuntamiento tiene
contratos prorrogables a 25 años, a lo
sumo son contratos de dos años y prorrogable uno. Esa es una forma de blindaje
y de condicionar el futuro.
En esta ocasión, como en otras, Democracia en Acción aboga por el empleo público directo y de calidad, en el que los trabajadores cumplan su trabajo con dignidad, libres, sin que tengan que sufrir los caprichos de nadie, ni depender del o de la que manda, sin que tengan que tener un carnet en la boca. Eso garantiza también un servicio de calidad.
No nos equivoquemos, por mucho que digan lo contrario, este concurso
está ya prefijado.
No deberíamos consentir que este concurso sirva como pretexto para
empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras y pagarles menos la
hora, para despedir, o para que empresas amigas metan la cabeza en el
ayuntamiento, privatizando otro servicio.
-Rosa Félix-
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