En el
último día de plazo, el Pleno del ayuntamiento
de Atarfe se ha sumado al recurso que
más de 3500 ayuntamientos de España van a interponer ante el Tribunal
Constitucional, para plantear la inconstitucionalidad de la Reforma Local
que ha aprobado el Gobierno del PP.
Los
concejales de Democracia en Acción hemos apoyado la interposición del
Recurso. Pese a que, esta vez, hemos
votado junto al equipo de gobierno, parece ser que, tampoco, les ha gustado lo
que decimos, porque no habían pasado ni dos minutos y ya estaba el alcalde, con su habitual talante
antidemocrático y falta de educación, intentando callarnos. Afortunadamente, tenemos otros medios para
hacer llegar a la ciudadanía nuestra posición, como por ejemplo este.
Estas
son las razones por las que apoyamos el Recurso de inconstitucionalidad:
En
primer lugar, porque la Reforma Local del PP condiciona la manera
en la que se gestionarán los servicios públicos locales. El fondo de esta ley es el
reflejo de la enorme influencia y del poder que tienen las grandes empresas
multinacionales (Fomento Construcciones y Contratas (FCC), Aguas de Barcelona (Agbar), Ferrovial, Acciona,
Sacyr y otras) en el gobierno del PP. Estas empresas, desde hace años, se están
apropiando de la prestación de servicios públicos municipales esenciales como
son el agua, la recogida y tratamiento de residuos, parques jardines, u obras
de infraestructura, entre otros. La privatización de estos servicios ha sido
clave para entender su deterioro y encarecimiento, además de la pérdida del
control público sobre las actuaciones de estas empresas. En Atarfe el agua lo
gestiona Aguasvira (filial de Agbar) y la basura está contratada con FCC.
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| Municipios Andaluces con Concesiones Privadas |
Si
realizamos el mapa actual de la privatización de los servicios básicos (puede
ser ilustrativo, como ejemplo, el mapa
de la gestión del agua en Andalucía), esas grandes empresas se han hecho cargo
de las capitales y áreas metropolitanas. Hasta ahora, estas multinacionales no ofertaban
sus servicios a municipios pequeños o alejados porque no era rentable. Esta ley,
sin embargo, les abre un nuevo camino y un nuevo mercado. Con la asunción de
los servicios por parte de las Diputaciones (solo quedan para los municipios
menores de 20.000 habitantes la gestión de los cementerios), la gestión pública
directa que aún se está haciendo en muchos
municipios desaparecerá en favor de las
citadas empresas, que de este modo se apropiarán de los últimos rincones de las
Provincias. Prueba de ello, en Granada, lo tenemos en el último Plan de
Residuos Provincial de Granada. Son muchos los expertos y estudiosos que han
puesto de manifiesto que la nueva ley favorecerá un
sistema de prestación de servicios más indirecto, más privado, más
externalizado y en manos de las grandes empresas, que serán las únicas que
podrán competir en la contratación de servicios provinciales.
La
opción por la privatización es clara, si los municipios deciden optar por la gestión
directa de los servicios públicos locales, la ley exige una detallada Memoria Económica
que justifique la eficiencia económica. Pero, en cambio, dispensa de este
requisito, cuando la opción elegida es la gestión indirecta o privatizada.
Sin duda, al Gobierno del PP no le ha importado el
reciente Informe de fiscalización de Servicios Públicos Locales del Tribunal de
Cuentas, que ha demostrado una generalizada situación de sobrecoste en los
casos de servicios prestados por empresas privadas en comparación con los
servicios prestados por ayuntamientos de forma directa. Facilitar la ampliación
del mercado a las grandes empresas concesionarias de los servicios públicos es
la verdadera razón de esta ley, aunque los argumentos esgrimidos sean la supuesta
eficiencia económica o eliminar incentivos para la corrupción. Nada más falso. Tanto
los concursos y el modo de adjudicación de los servicios,
como las cláusulas y duración de los contratos, en numerosísimos casos, permiten
pensar en la falta de limpieza y transparencia de estos procesos.
Por
otra parte,
es más fácil corromper a unos pocos con mando en plaza que a muchos.
En segundo lugar, esta Ley va en la dirección
opuesta de las verdaderas medidas que resolverían muchos de los excesos que
hemos sufrido en los gobiernos locales: frente a la deseada transparencia y los
deseos de más participación ciudadana y más democracia, esta ley recorta la
capacidad de gestión de los representantes electos más próximos a los
ciudadanos, sobre servicios esenciales de la comunidad, al traspasar nuevas competencias a
las Diputaciones provinciales (al fin y al cabo,instituciones de representación
indirecta) y, lo que es más grave, vulnera la
democracia local al otorgar a la Junta de Gobierno Local nuevas atribuciones
de enorme importancia, que antes solo podía ejercer el pleno del ayuntamiento: aprobar
el presupuesto, planes económico-financieros, planes de saneamiento, adopción
de mecanismos extraordinarios de financiación. De esta forma, se excluye a la
oposición municipal de la intervención en las decisiones fundamentales del
municipio, vulnerando los principios democráticos.
En tercer
lugar.- La reforma planteada es un
programa de recentralización del Estado. Cuanto más alejado esté la
gestión del servicio de los ciudadanos menos sensibilidad existe ante sus
problemas. En estos momentos de ajuste presupuestario sufriremos una merma de
atención a los ciudadanos en general y a los vecinos más desfavorecidos en
particular. La Ley propone un horizonte de ahorro de 8000 millones de euros
(4000 millones de la gestión de los llamados servicios “impropios”, por ejemplo
de los Servicios Sociales).
Por último, decir que esta ley no habría tenido justificación, si
la gestión municipal de estos últimos 20 años hubiera sido más ejemplar y no
hubieran saltado a la palestra los enormes gastos faraónicos emprendidos por
algunos municipios, las cacicadas y arbitrariedades de muchos gobiernos
locales y la extrema debilidad de algunas arcas municipales, debido al enorme
endeudamiento provocado por algunos equipos de gobierno. Por ejemplo, en 2012 y
2013, el Ayuntamiento de Atarfe se ha endeudado con los bancos en 19 millones
de euros para hacer frente a los dos Planes de Pago a proveedores. Una cantidad
desorbitada a todas luces, que nada tiene que ver con el endeudamiento de otros
municipios de su entorno o de su tamaño.
No obstante, las medidas que plantea la Reforma
Local del PP, no solo no mejorarán esos
excesos sino que puede empeorarlos potenciando una casta de caciques
provinciales, fuera de todo control democrático.
En el desarrollo del Pleno municipal del 7 de
marzo, el alcalde impidió el debate y las intervenciones de la representación
de Democracia en Acción, porque surgieron dos cuestiones que le resultaban muy espinosas.
Por un lado, el Plan de Proveedores impuesto por el Gobierno del PP.
Está claro que la solución arbitrada por el PP para
poner al día las cuentas locales favorece a los Bancos que consiguen un espacio
de negocios a costa de las Haciendas Locales.
Además, al igual que esta Reforma
Local, favorece a las grandes empresas que tienen asegurado el pago de sus
concesiones a través de los préstamos concedidos a los ayuntamientos. Pero, lo que el alcalde no quería que
dijéramos y por eso interrumpió nuestra intervención, es que la situación del
Ayuntamiento de Atarfe es mucho más grave que la de otros ayuntamientos, y es
exclusivamente responsabilidad suya y del anterior equipo de gobierno, al que
él tanto defiende, porque no pagaron en su día lo que debían dejando una losa insoportable
a las corporaciones futuras. El ayuntamiento, en el año 2012, se ha endeudado
en 15.772.066 euros y en el año 2013 en 2.837.190,47 más. Un
total de 18.609.256,57 euros. No hay ayuntamiento del tamaño de nuestro municipio
que haya asumido una deuda tan enorme con el Plan del Pago a Proveedores. Pero
la deuda no queda ahí, pues el ayuntamiento y la empresa Proyecto Atarfe tenían
ya otras deudas contraídas con los bancos, por lo que la deuda del ayuntamiento
de Atarfe, exclusivamente, en préstamos bancarios asciende a 30 millones de
euros. Y lo inaudito, es que siguen gastando con alegría en actuaciones que no
son necesarias. De esos préstamos la parte del león se los han llevado las grandes
empresas concesionarias; así FCC ha recibido en el 2012-2013: 6.231.984,84 € solo
por la recogida de la basura.
La otra cuestión espinosa, es la disolución de
la empresa municipal Proyecto Atarfe. También intentó impedir nuestra
intervención sobre el hecho de que la ley de Reforma local fija una fecha
límite de disolución de la empresa en Diciembre de 2015. Los trabajadores de P.
Atarfe, ven como pasan los días sin que se cumplan las promesas del alcalde de
subrogar sus puestos en el ayuntamiento. ¿Le importa, acaso, al equipo de
gobierno, y a sus socios de IU, salvar los puestos de trabajo de P. Atarfe, o lo
que pretende es eludir sus responsabilidades de todos los desaguisados
económicos que se han realizado en esa
empresa municipal?
Rosa Félix
